La Fiscalía general de la Nación compulsó copias a cuatro congresistas de la República Vinculados ahora con un nuevo caso de corrupción detectado alrededor de la concesión  Ruta del Sol 2.

Los congresistas son Armando Benedetti Villaneda, Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra De la Espriella, quienes según la Fiscalía se encargaban de las “comisiones a éxito” que presuntamente se cobrabron a Odebrecht a través de esa concesión después de que se sucribeira un contrato de “estabilidad jurídica” en 2012.

Según el expediente remitido por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia

El texto del comunicado de la Fiscalía es el siguiente:

La comisión de fiscales de la investigación del caso Odebrecht acopió nueva información sobre la forma como habrían intervenido servidores públicos en el favorecimiento de los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht.

Gestión adelantada por congresistas

La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones a éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht. Esta práctica se habría implementado en estos asuntos:

a) Contrato de estabilidad jurídica

Los nuevos elementos materiales probatorios recaudados entre el 26 de octubre a la fecha, señalan que los directivos de Odebrecht en Colombia, con el concurso de los señores Otto Bula y Federico Gaviria, lograron el apoyo de varios congresistas de la República para que la sociedad Concesionaria Ruta del Sol obtuviera, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, un contrato de estabilidad jurídica.

El grupo de parlamentarios reclutado fue denominado por parte de los funcionarios brasileros como el grupo “Los bulldózer”, “un poco describiendo la característica que esta máquina tiene, lo que aparezca lo tumba”, según afirmación que emana de uno de los testimonios recogidos.

Gracias a la gestión de los senadores ante las autoridades gubernamentales competentes, se habría obtenido la aprobación del referido contrato y su suscripción dentro del año 2012. Una de las declaraciones afirma que “… la presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”.

Para el efecto y a título de comisión de éxito, siempre que el resultado se obtuviera a más tardar el 31 de diciembre de 2012, “quedó pactado un valor de gestión de 2 millones de dólares para el grupo de senadores gestionados por el señor Otto Bula, 500 mil dólares para el señor Otto Bula y 500 mil dólares para Federico Gaviria, esto más o menos con impuestos es un valor cercano a los 4 millones de pesos.

Del denominado Grupo Bulldózer habrían formado parte los siguientes senadores:

Armando Benedetti Villaneda
Mussa Besaile Fayad
Bernardo Miguel Elías Vidal
Antonio Guerra De la Espriella

Por tal virtud, en la fecha se ha compulsado copias de los elementos materiales probatorios respectivos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para lo de su cargo, junto con las evidencias contables que dan cuenta de giros efectuados por Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña y copia de los cheques de marzo de 2013 que permitieron monetizar en Colombia las partidas correspondientes, los que fueron cambiados en efectivo para cancelar las “coimas” respectivas. Esta compulsa es complementaria a la que la Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte el día 4 de octubre por la misma línea investigativa.

b) Otrosí Ocaña – Gamarra

Para la adición Ocaña – Gamarra, Odebrecht habría pagado una suma del orden de 50 millones de pesos, según el conjunto de las evidencias recaudadas en la investigación.

Los nuevos recaudos probatorios han permitido establecer que el 4% de comisión de éxito que fue convenido con Odebrecht por la vía Ocaña – Gamarra, debía liquidarse por un valor de la concesión estimado en $1,6 billones, “a pagar durante los años 2013, 2014 y 2015, con una tasa de interés del 11% anual, lo que arrojaba la suma de ochenta mil millones de pesos”, lo que implicaría que “Odebrecht quedó debiendo 30 mil millones de pesos que no pagó.”

En la investigación también han surgido nuevos elementos materiales probatorios acerca del trámite de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, para lo cual Odebrecht habría contado inicialmente con la coadyuvancia del entonces Ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos.

Los elementos recaudados dan cuenta que el Ministro Miguel Peñaloza se habría encargado de promover este proyecto de infraestructura, inicialmente radicado en el Fondo de Adaptación, para que quedara asignado en la ANI, lo que facilitaba su ejecución mediante el mecanismo de “adición” al contrato Ruta del Sol – Tramo II. Al retiro del Gobierno del Ministro Peñaloza el proyecto empezó a “coger una velocidad muy lenta”.

Por esta razón, se dice que el señor Bula habría tomado la decisión de ampliar el original Grupo Bulldózer: “…porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo…”. Según la declaración obrante habrían contribuido a impulsar la adición Ocaña Gamarra los siguientes parlamentarios:

Armando Benedetti

Mussa Besaile
Bernardo Miguel Elías
Antonio Guerra De la Espriella
Álvaro Ashton

En la misma versión, se hace mención a los Congresistas Sandra Villadiego, Martín Morales y Ape Cuello, por lo cual la compulsa de copias incluye dichas menciones para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigue lo pertinente

La identificación individual en esta fase de indagación respecto de los mencionados Congresistas no es posible llevarla a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación, por falta de competencia. Por esta razón, todo el acervo probatorio será trasladado a la Corte Suprema de Justicia a fin de que en esa sede jurisdiccional se adelante la individualización de los presuntos beneficiarios de estos pagos.

En adición a lo anterior, y en relación a los elementos materiales probatorios en los cuales se menciona la participación del entonces ministro Miguel Peñaloza en estos hechos, se ha dispuesto la compulsa de las copias respectivas con destino a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo de su competencia.

c) Pagos al Senador Plinio Olano

En las nuevas pruebas se vuelve a hacer mención al entonces congresista Plinio Olano y su relación con Odebrecht durante el año 2010. Se dice que existió una “reciprocidad que cumplir con el señor Plinio Olano” por parte de Odebrecht y que se habría acordado a través de la incorporación de un sobreprecio por valor de $500 millones de pesos en un contrato de obra. Parte de este pago habría sido hecho a través de la inclusión de una empresa de confianza del entonces Senador en el grupo constructor que desarrollaría tal obra.

Las evidencias en las cuales se hace referencia al mencionado acuerdo, así como las circunstancias que habrían rodeado su pago, han sido compulsadas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia, como complemento a las ya remitidas el 1 de agosto 2017.

Igualmente y en relación con otras gestiones adelantadas ante Odebrecht por el entonces senador Plinio Olano, a favor del ex Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra se ha dispuesto la compulsa de copias respectiva ante la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación correspondiente.

Gestión personas no aforadas

Finalmente y como quiera que en los elementos materiales probatorios se hace mención a una serie de personas no aforadas que habrían participado o resultado beneficiadas por parte de Odebrecht en los mencionados procesos, la Fiscalía General de la Nación avanzará de inmediato en las respectivas investigaciones a efectos de establecer sus responsabilidades dentro de estos esquemas.

Por su participación en estos hechos, inicialmente se citará a interrogatorio al  ciudadano Luis Bernardo Villegas.

Copia de los elementos materiales probatorios que mencionan la participación de funcionarios públicos en los hechos aquí señalados serán enviados igualmente a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.